La tradicional cuesta de enero que afecta a familias mexicanas tiene su contraparte en las finanzas públicas nacionales, y todo indica que esta presión fiscal se extenderá durante los doce meses de 2026. Un análisis exhaustivo de México Evalúa revela que, pese al optimismo proyectado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el paquete económico, los ingresos públicos serán insuficientes y el margen de maniobra fiscal resultará sumamente reducido ante obligaciones crecientes.

La situación fiscal se caracteriza por una lista extensa de compromisos que se expanden anualmente, incluyendo los propios intereses de la deuda pública, transferencias constitucionales a estados y municipios, subsidios diversos a sectores estratégicos y el sistema de pensiones. Estos compromisos estructurales consumen porcentajes crecientes del presupuesto federal, limitando la capacidad gubernamental para inversión productiva o respuesta a contingencias imprevistas.

Endeudamiento diario como estrategia de supervivencia

La magnitud del desafío fiscal se evidencia en que diariamente el gobierno federal requiere endeudarse aproximadamente 2,000 millones de pesos para cumplir con sus obligaciones. Esta cifra ilustra la brecha estructural entre ingresos y gastos públicos, situación que no puede sostenerse indefinidamente sin consecuencias para la estabilidad macroeconómica nacional.

En los primeros días de enero de 2026, la SHCP inauguró el año emitiendo bonos de deuda por 9,000 millones de dólares y 4,750 millones de euros en mercados internacionales. La Secretaría reafirmó su compromiso con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2026, asegurando mantener la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y garantizando continuidad de una gestión fiscal que califica como responsable y prudente.

Presiones inflacionarias amplifican desafíos

Las presiones inflacionarias que caracterizan el inicio de 2026 agravan los desafíos fiscales del gobierno. La inflación anticipada de 0.51% para enero, casi el doble de la registrada en el mismo mes de 2025, erosiona el poder adquisitivo del gasto público programado y reduce el valor real de los ingresos tributarios proyectados en el presupuesto.

Los ajustes fiscales implementados al inicio del año, incluyendo modificaciones al IEPS y mayores aranceles a importaciones de países sin tratados comerciales, buscan incrementar la recaudación para cerrar parcialmente la brecha fiscal. Sin embargo, estos mismos ajustes alimentan la inflación, creando un círculo vicioso donde las medidas para generar ingresos adicionales también generan presiones de gasto adicionales.

Rigidez presupuestaria y falta de flexibilidad

Uno de los problemas estructurales más serios que enfrenta el gobierno mexicano es la rigidez presupuestaria. Aproximadamente 80% del gasto público federal está comprometido en partidas no discrecionales, incluyendo servicio de deuda, nómina gubernamental, transferencias constitucionales y programas sociales con protección legal. Esta rigidez deja apenas 20% del presupuesto para gasto discrecional, limitando severamente la capacidad de respuesta ante emergencias o de inversión en proyectos estratégicos.

Analistas fiscales señalan que reducir esta rigidez requeriría reformas estructurales profundas que difícilmente se implementarán en un año electoral como 2026. Las opciones incluyen reforma al sistema de pensiones, racionalización de subsidios ineficientes, modernización del servicio civil y revisión de transferencias federales, todas medidas políticamente costosas que enfrentan resistencia de múltiples sectores.

Riesgos para la calificación crediticia

La trayectoria fiscal de México mantiene en alerta a agencias calificadoras internacionales. Aunque México conserva grado de inversión en las principales calificadoras, la perspectiva ha sido ajustada de estable a negativa en meses recientes. Cualquier deterioro adicional en las finanzas públicas podría resultar en rebajas de calificación que incrementarían el costo de financiamiento futuro, agravando aún más el problema fiscal.

El gobierno enfrenta un equilibrio delicado entre mantener disciplina fiscal suficiente para preservar credibilidad con mercados financieros internacionales, y proveer estímulo económico adecuado para acelerar el crecimiento. Este dilema se intensifica en un contexto donde el crecimiento económico proyectado de apenas 1.5% proporciona escaso margen para que el incremento natural de la recaudación resuelva por sí solo los desequilibrios fiscales estructurales que caracterizan las finanzas públicas mexicanas en 2026.